Por Carlos Alberto Barbeito*
Aclaración preliminar
El análisis sobre “el modelo sindical argentino”, que se propone este trabajo, intenta destacar el poder estratégico, el protagonismo y la solidez del modelo de organización sindical, impulsado por el General Perón a partir de 1943 cuando, como interventor en el Departamento Nacional del Trabajo, asume funciones en el gobierno revolucionario que, el 4 de junio de ese mismo año, puso fin a una de las etapas de mayor decadencia de nuestra historia, la llamada “Década Infame”. Este análisis se propone, además, demostrar la falacia de la presunta raíz fascista del aludido modelo sindical.
Aquella oscura etapa de nuestro pasado, la Década Infame, que comenzó el 6 de setiembre de 1930 cuando, liderado por los generales Uriburu y Justo, se produjo el primer golpe contra el orden constitucional argentino, derrocando al gobierno democrático del Dr. Hipólito Yrigoyen, fue el producto de una conspiración cívico militar para intentar prolongar la vida de un modelo económico agroexportador socialmente injusto que se agotaba y -junto con ese agotamiento- amenazaba con pulverizar muchos de los privilegios de las clases dominantes de entonces y cambiar la relación de poder en la Argentina.
La fuerte alianza entre los trabajadores argentinos y Perón, a partir de 1943, se fortaleció aún más con la asunción de éste, el 4 de junio de 1946, como presidente constitucional de los argentinos, luego de vencer en elecciones transparentes, el 24 de febrero de aquel año, a la coalición de partidos denominada “unión democrática”. La alianza estratégica entre Perón y los trabajadores sindicalmente organizados fue, sin dudas, la vanguardia de la revolución social que transformó, a partir de entonces, radicalmente la realidad de nuestro país y nuestro pueblo.
No es la intención detenernos, en este trabajo, en la multiplicidad de hechos que en su momento provocaron –y provocan aún- acontecimientos y crisis relevantes en el seno del modelo sindical argentino. En los 67 años transcurridos desde 1943 a la fecha, han sido innumerables los sucesos que soportó su estructura, demostrando así su fortaleza. En todo ese tiempo, sumado a los embates de gobiernos institucionales y/o dictatoriales, soportó la conformación de divisiones reflejadas en corrientes internas e, inclusive, proyectos de nuevas centrales sindicales alternativas a la CGT. La más notoria y perdurable es, sin dudas, la actual Central de Trabajadores Argentinos, CTA, que propone un modelo sindical radicalmente opuesto.
Esa central alternativa que respetamos, en nuestra opinión, sin ánimo de polemizar ni cuestionar las intenciones de sus inspiradores, contiene en su seno el riesgo evidente de la atomización sindical que, fragmentando la unidad, debilita la capacidad de lucha y participación protagónica de los trabajadores y la posibilidad de ser, a través de sus organizaciones sindicales como factor de poder, protagonistas del proceso de cambios profundos que necesitamos en nuestro país para conquistar definitivamente la Justicia Social. Formulada esta aclaración preliminar nos abocamos, a continuación, al desarrollo de la primera parte de las tres que contiene este trabajo.
El sindicalismo argentino: De factor de presión a factor de poder
Desde sus orígenes, en la segunda mitad del siglo XIX, y hasta 1943, en términos generales, las organizaciones obreras, signadas por heroicas gestas y ejemplos de lucha que perduran en el tiempo, por las circunstancias históricas de entonces, constituían un claro factor de presión ante el poder de turno. A partir del ascenso del entonces Coronel Perón al Gobierno de la Revolución de 1943, por primera vez, los trabajadores fuimos estimulados, y aún promovidos, desde el poder, a superar las barreras que hasta entonces les habían impedido unificarse en organizaciones sindicales fuertes y representativas. Es que, en el pensamiento de Perón, era evidente que la clase trabajadora estaba llamada a constituirse en la columna vertebral de un vasto movimiento político con capacidad para transformar las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del país. Es decir, a convertirse en un auténtico factor de poder.
Muchas fueron las conquistas sociales que entre 1943 / 1945, por iniciativa de Perón, como interventor del Departamento Nacional del Trabajo primero, y como Secretario de Trabajo y Previsión después, logramos los trabajadores urbanos y rurales. Ello en sí mismo, podría contabilizarse como el producto de una verdadera revolución social. Sin embargo, en aquel entonces, lejos estaba aun de detenerse la monumental construcción política, económica y social que anidaba en el pensamiento estratégico de Perón.
Vale recordar que antes de 1943, el sindicalismo argentino, más allá, insistimos, de sus heroicas luchas, no había logrado superar su tendencia atomizante debido, principalmente, a las profundas contradicciones ideológicas de las corrientes que lo sustentaban y, también, a la feroz persecución y represión ejercida o impulsada por el poder político, económico, militar e, inclusive, eclesiástico de entonces sobre las organizaciones y la acción de los trabajadores. Es verdad que ya para 1945, a partir de las importantes conquistas sociales y laborales que se establecían, la fuerte alianza que se afianzaba entre Perón y una corriente sindical cada día más numerosa, había modificado mucho aquella primitiva situación.
Los sindicatos en 1945, seguían manteniendo el carácter de asociaciones civiles con una limitada capacidad legal de representación. Ello fue así hasta el 2 de octubre de aquel año, cuando el Gobierno de Farrel - Perón, dicta el Decreto 23.852, poniendo en vigencia la primera norma Argentina de Asociaciones Profesionales de Trabajadores. Esa norma, transformada en Ley 12.910 de la democracia, al asumir Perón como presidente constitucional en 1946, le permitía al sindicato de industria o actividad más numeroso, asumir la representación individual o colectiva de todos los trabajadores de una actividad, independientemente de la afiliación o no al sindicato. Esa herramienta legal, contenía un profundo sentido de democracia social, ya que, por primera vez, legalizaba los instrumentos colectivos de lucha de los trabajadores: sindicatos, convenios colectivos de trabajo, protección contra el despido a los dirigentes sindicales e institucionalizaba el derecho de las organizaciones sindicales a desarrollar tareas políticas.
Sobre lo último, vale destacar que desde su visión estratégica, Perón sostenía que el sindicalismo tenía que constituirse en un factor de poder político dentro de la comunidad. Al respecto, en un discurso pronunciado el 2/11/1973, decía: “La revolución, en el orden gremial debe terminar cuando la organización sindical constituye un verdadero factor de poder dentro de la comunidad ¿Por qué? Porque es entonces cuando la organización sindical que es el pueblo organizado, hace sentir el acento no solo de sus intereses sino también de sus aspiraciones y ambiciones”. Más adelante advertía que “cuando los obreros hayan renunciado a intervenir en los destinos del país, ese será un sentimiento suicida para su propia clase y para sus propias organizaciones”.[1]
No pueden existir dudas que la sanción del Decreto Ley 23.852, que aterrorizó a los grupos de poder político y económico nacionales y extranjeros fue, junto a la sanción del Estatuto del Peón Rural, uno de los principales factores detonantes de los acontecimientos que se sucedieron en los días siguientes y que culminaron primero, con la destitución y detención de Perón y segundo, con la histórica jornada del 17 de octubre de 1945. Ese Decreto Ley, fue rápidamente tildado por la oposición (de izquierda y de derecha) de neto corte fascista. Nada tan lejos de la realidad. Basta repasar sus considerandos para comprender el profundo carácter antifascista de su espíritu. Además, en su articulado se confirma claramente este carácter: dispone el derecho de la asociación sindical a constituirse sin ningún tipo de autorización previa; establece dos categorías de asociaciones: con personería gremial y con simple personería jurídica, aunque en ambos casos permite efectuar reclamos, fundar instituciones de previsión y asistencia social, cultural, cooperativa, etc.
En síntesis, este fue un claro ejemplo de construcción jurídica, social y económica de “las organizaciones libres del pueblo”, principal sustento del modelo de comunidad organizada que proponía Perón, en el que el pueblo organizado en instituciones que él mismo crea, construye poder social, político y económico, fortalece a la sociedad, orienta al Estado y subordina al mercado. En un discurso del 16 de octubre de 1953, Perón sostenía: “Cuando nosotros propugnamos la organización algunos dicen que estamos haciendo política. Sí, estamos haciendo política, pero alta política. Nosotros no discriminamos en la organización, nosotros pedimos que se organicen porque es imposible gobernar a un pueblo que no esta organizado”.
Esa Ley, era de carácter fuertemente centralista porque se proponía estructurar una organización sindical nacional y por rama industrial, único modo de superar la tradicional fragmentación de la clase trabajadora que la debilitaba y le impedía constituirse en un actor social y político capaz de discutir el poder en todos los niveles. Resumiendo podríamos señalar que el profundo contenido antifascista de esa ley queda demostrado en que todo su espíritu tendía a asegurar la protección de la actividad sindical contra el intento de los empleadores de obstaculizarla o impedirla. Es decir: Democratizó las relaciones laborales dentro de la empresa.
Este modelo sindical, democrático y representativo, caló muy hondo en la clase trabajadora argentina, que se sentía representada y participaba activamente de la vida interna de su organización sindical. Sentía además, que por primera vez tenía derechos y esos derechos se respetaban (por las normas vigentes, por la importancia de su organización y por la acción de sus dirigentes). Ello explica porqué, los trabajadores argentinos, desde aquellos años, hemos adquirido una clara conciencia del modelo de sociedad con desarrollo económico, pleno empleo y Justicia Social que podemos construir. Ello explica también, el rechazo, ampliamente mayoritario, de la clase trabajadora argentina a los modelos sindicales atomizados, débiles, que en nombre de un ideal democrático, se ofrecen, por igual, desde las derechas y las izquierdas tradicionales.
Por las razones expuestas y muchas más, algunas de las cuales expondremos en futuros capítulos, podemos afirmar que nada más lejos de nuestro modelo sindical, de cualquier visión fascista, porque mientras las organizaciones fascistas intentan verticalizar y subordinar la actividad gremial al poder del Estado, este modelo sindical argentino se concentró en la protección y el desarrollo del poder gremial que le valió ganarse el respeto de las corrientes sindicales del mundo, reconociéndolo como un ejemplo a imitar.
Desde la dictadura de 1955 hasta la caída del modelo neoliberal
La experiencia de los trabajadores argentinos, desde 1955, año en que una sangrienta dictadura cívico – militar derrocó al gobierno democrático del general Perón, nos enseña que toda vez que padecimos dictaduras o democracias profundamente condicionadas, el principal objetivo de las mismas ha sido destruir “el poder sindical”. Por supuesto, independientemente del gobierno de turno que lo intente (cívico o dictatorial) el argumento ha sido siempre el mismo: democratizar el sindicalismo. En tal sentido afirmamos que, en el período que nos ocupa, el modelo sindical argentino superó con éxito, en reiteradas oportunidades, “la prueba del ácido”. La realidad es la única verdad, solía sostener Perón, y la realidad, agregamos, surge, en este caso, de los acontecimientos y sus consecuencias en la historia de las últimas décadas de nuestra Argentina.
Aquella insólita alianza reaccionaria, conformada para enfrentar a Perón en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la unión “democrática”, integrada por las derechas e izquierdas de entonces y que cayera derrotada en forma contundente y reiterada en elecciones transparentes por Perón apoyado por los trabajadores, fue la misma que impulsó y participó del sangriento golpe cívico – militar contra el gobierno democrático en el mes de setiembre de 1955, cuando nuestro país desarrollaba la revolución social incruenta. Aquella unión “democrática” – de características muy similares a la alianza opositora conformada en nuestros días – estaba compuesta por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el derechista Demócrata Progresista.
Los bombardeos, fusilamientos, las masacres, las persecuciones y los encarcelamientos de miles de compatriotas, ejecutados por los usurpadores del poder que, a la vez, eran asistidos por los denominados “comandos civiles”, grupos armados, integrados mayoritariamente por jóvenes pertenecientes a familias de la oligarquía, que contaban con el apoyo de grupos terratenientes, empresariales, sectores eclesiásticos y la embajada de los EE.UU., lograron el objetivo que se habían propuesto: derrocar, con medios violentos, al gobierno popular y democrático que se había atrevido a instalar en nuestra Argentina aquel “otro” modelo de Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica, que los obligaba a ceder su impunidad y gran parte de sus privilegios.
Resulta significativo, y altamente preocupante, que la actual alianza opositora, por otras vías, se empeñe en la misma actitud desestabilizante y golpista de otrora.
A partir de aquella dictadura comenzó a gestarse una política de entrega que aún hoy se refleja en el drama de nuestro país y nuestro pueblo. Comienzan las políticas de endeudamiento mediante la toma de “empréstitos” de dudosos destinos y se produce, por primera vez, el ingreso a nuestro país del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esas decisiones políticas, lesivas a nuestros intereses, adquieren mayor gravedad a partir del hecho que fueron tomadas por decisión de una dictadura usurpadora y, en consecuencia, irrepresentativa. La misma dictadura que derogó la Constitución Nacional de 1949, que entre tantas normas que apuntalaban la acción revolucionaria del gobierno de Perón, consagraba los derechos sociales, entre otros, de la niñez, de la ancianidad y de los trabajadores.
Y es esa misma dictadura, como siempre en nombre de la “democratización sindical”, que interviene militarmente los sindicatos y la CGT, persigue, encarcela o mata a los dirigentes sindicales peronistas para modificar profundamente -en perjuicio de los propios trabajadores- la legislación laboral y sindical y alentar la “atomización” sindical promoviendo la creación de pequeñas, intrascendentes e irrepresentativas entidades sindicales. Sin embargo, ninguna de estas medidas hizo mella en la conciencia de los trabajadores que progresivamente fueron recuperando sus organizaciones sindicales y sus dirigentes con absoluta fidelidad al ideario peronista y su modelo sindical.
En todos aquellos años de resistencia popular liderada por los trabajadores y sus dirigentes, distintas dictaduras o gobiernos pseudo democráticos (salvo escasas excepciones), con mayor o menor suerte intentaron destruir el modelo sindical argentino, para facilitar la destrucción de un modelo social y económico que, con sus bases profundamente arraigadas en la sociedad, perduraba a pesar de todos los intentos. Una cosa era clara: no aniquilarían definitivamente los alcances del modelo de bienestar (de Justicia social, para nosotros) mientras persistiera el modelo sindical argentino; el modelo sindical peronista. Un modelo que, más allá de los continuos ataques, la complacencia o resignación de algunos dirigentes e inclusive de algunas distorsiones y traiciones, no solo continúa resistiendo: en los últimos años se ha fortalecido notablemente.
No fue solo la responsabilidad de los delirantes jefes militares que en 1976 arrasaron al país, sus instituciones, la libertad y la vida de miles de compatriotas. También muchos civiles, a quienes aún no les ha caído todo el peso de la justicia, reeditando casi con exactitud aquella alianza de 1945 y de 1955, acompañaron con entusiasmo esa trágica aventura que significó el comienzo de la más macabra obra de destrucción, corrupción y muerte que padeció nuestra Argentina. También entonces se intervinieron, o neutralizaron, militarmente las organizaciones sindicales más importantes. Se prohibió la actividad sindical, se encarceló y asesinó a muchos dirigentes sindicales y se condenó a muchos más al desarraigo del exilio.
El espíritu de 30 mil muertos y desaparecidos alimenta aún el corazón de millones de argentinos que no nos resignamos. Que no claudicamos ayer ante la falacia del pensamiento único, del fin de la historia y de la muerte de las ideologías ni claudicaremos hoy ante los ataques destituyentes de los grupos de poder económico y de una oposición decadente, contaminada por un odio irracional, que no vacila en asumir el papel de verdaderos idiotas útiles de los intereses de quienes atentan contra nuestro país y nuestro pueblo, pretendiendo debilitar las instituciones republicanas.
Más de la mitad de esos 30 mil mártires fueron dirigentes, militantes y, en su mayoría, delegados de base de los trabajadores. Eran, en fin, discípulos directos de aquellos delegados que, protegidos por una legislación que garantizaba su estabilidad laboral, fortalecieron el modelo sindical peronista para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores, y para garantizar la democracia dentro de la empresa.
Fue, sin dudas, aquel trágico golpe cívico – militar de 1976 el inicio de la ofensiva total contra el modelo de Justicia Social, el modelo sindical peronista y contra toda resistencia a la reimplantación del viejo modelo oligárquico – conservador que comenzó a ser derrotado por los trabajadores en la gesta histórica del 17 de octubre de 1945. Aquel viejo modelo agroexportador, de dependencia e injusticia social, devenido luego en “neoliberalismo”, para emerger nuevamente no le alcanzó con la macabra obra de destrucción y muerte que, desde 1976 hasta 1983, desarrolló la dictadura militar y su “alianza civil” necesaria. Ese modelo para renacer, necesitó la complicidad y los servicios de una dirigencia política – y no en pocos casos empresaria, sindical, periodística y hasta religiosa – que traicionando la esperanza, las expectativas y los ideales de todo un pueblo ávido de justicia, no dudaron (por acción o por omisión) en someterse a los dictados del capitalismo más inhumano: el capitalismo salvaje.
Fue el llamado “menemismo” a partir de su asunción en 1989 quien, desde lo social y económico, profundizó las medidas de “ajuste” de la economía que llevaron al país al más espectacular endeudamiento público, a la destrucción del aparato productivo, al desguace del Estado y al récord de los niveles de desocupación, pobreza y exclusión social. Una vez más la vieja alianza volvió a funcionar a pleno, del mismo modo que intenta funcionar en estos días presionando, vía impedimento del uso de los excedentes de reservas del Estado, para imponer un nuevo ajuste que, de lograrlo, acarreará las consecuencias que ya conocemos por haberlas padecido.
Así entonces, aquel gobierno elegido por el voto popular, por los sectores más humildes de nuestra sociedad, fue “copado” por los grupos más reaccionarios del país. Por supuesto, mientras esta nueva etapa de destrucción se ejecutaba, los propagandistas del “modelo” insistían en la necesidad de “democratizar el sindicalismo” y “modernizar” la legislación laboral, eufemismo que significaba impulsar la negociación por empresa, establecimiento e incluso, por sectores dentro de una misma unidad de producción. En otras palabras, debilitar al máximo posible el modelo sindical argentino en su reconocida capacidad de organización, lucha y negociación. Parte de ese objetivo fue logrado gracias a la complicidad de algunos “sindicalistas” que, entusiastas, apoyaban “el modelo”, muchos de ellos, presuntamente reciclados, continúan aún representando a sus organizaciones e, inclusive, ostentan cargos importantes en el consejo directivo de la CGT.
El llamado “delarruismo”, a su turno, no solamente traicionó a su electorado dejando de lado la plataforma política aliancista y profundizando “el modelo”, sino que llegó al extremo de convocar, para su gerenciamiento, a su mentor ideológico: Domingo Felipe Cavallo. Una vez más, como vemos, la vieja alianza volvió a funcionar en plenitud.
Durante aquellos años, no tan lejanos en el tiempo, innumerables proyectos de reforma de la ley sindical recorrieron los despachos del gobierno y el parlamento y –en su mayoría– fueron producto de las usinas ideológicas de los privilegiados grupos de poder. Aquellos proyectos de modelos de “atomización” y consiguiente debilitamiento de las estructuras sindicales, eran necesarios y absolutamente funcionales para sostener el proyecto de exclusión social y concentración económica que queríamos cambiar. Tampoco debe sorprendernos que aquellos proyectos de modelos sindicales verdaderamente anacrónicos, fueran respaldados, en algunos casos, por parte de la burocracia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, organismo tripartito que, por imperio de la propia tormenta “neoliberal”, ponía a los trabajadores en minoría frente a la alianza neoliberal empresaria gubernamental que en ese ámbito se había establecido.
Sin embargo, estaba muy claro que a la inhumana e infundada concentración económica que provocaba “el modelo” la respuesta de los trabajadores debía ser contundente: fortalecer la unidad, y la concentración de fuerzas, para protagonizar con otras fuerzas sociales y políticas el cambio de rumbo que nos llevara a “esa Argentina posible con desarrollo económico, pleno empleo y Justicia Social”. Esa fue y es nuestra consigna.
Nuestra Argentina, para superar definitivamente el riesgo de volver al pasado de decadencia política, económica y social, debe recrear su movimiento nacional, pero ello no será posible sin la participación activa del movimiento obrero organizado en el marco de sus organizaciones y su modelo sindical.
No ignoramos que no es tarea fácil nuestra lucha para alcanzar ese objetivo. Es que, entre otros obstáculos, los sectores minoritarios que siempre se han beneficiado con el padecimiento de nuestro pueblo –y que hoy ven aterrorizados la posibilidad de perder injustos privilegios– están demostrando que no se resignarán fácilmente ante esa posibilidad. Pero los argentinos tenemos ventajas comparativas con relación a nuestros pueblos hermanos, que nos permiten ser optimistas hacia el futuro: Nuestra Argentina ha contado a lo largo de su historia con un movimiento nacional y, desde 1945, con un proyecto de país justo, próspero y un modelo sindical argentino con capacidad para liderar su defensa.
Ese, nuestro movimiento nacional, que encuentra sus raíces en los albores de la patria, debe ser recreado para volver a ser un país orgulloso de su historia y un pueblo unido dispuesto a continuar luchando por su definitiva liberación que es una forma de luchar por la Justicia Social. Pero esa gesta –necesaria- no será posible si no contamos con un movimiento sindical representativo y democrático, con autonomía y capacidad para representar los intereses de la clase trabajadora en todos sus niveles, pero con la capacidad política para discutir, de igual a igual, con otros poderes en los ámbitos donde se resuelve la suerte de las naciones y de los pueblos. Para esa gesta necesitamos el protagonismo del modelo sindical argentino, en rigor, el modelo sindical peronista.
* Carlos Alberto Barbeito es Secretario General de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), Presidente del CESS (Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales) y Fundador del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA).
[1] FERNÁNDEZ, Arturo, Ideologías de los grupos dirigentes sindicales, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina: p. 84.
