En junio de 1956, en varios puntos del país estalló una rebelión armada peronista en la que participaron civiles y militares. Esta asonada, conocida por el gobierno con anticipación, fue aplastada. Se implantó la ley marcial y se condenó a fusilamiento a los líderes de la rebelión. Treinta y ocho personas -entre civiles y militares-, fueron fusiladas, entre ellos el General Valle y un grupo de civiles en un basural de León Suárez. Aramburu y Rojas asumieron públicamente la responsabilidad de esta decisión que justificaron como indispensable para desalentar reacciones similares en el futuro.
General Valle, fusilado en 1956.
La exclusión o la integración del peronismo en el sistema político fue una polémica que atravesó al conjunto de la sociedad. Las relaciones con el peronismo proscripto por el gobierno militar, originaron fracturas en varios partidos políticos.
La Unión Cívica Radical se dividió en dos. La “Unión Cívica Radical del Pueblo”, liderada por Balbín, fue antiperonista. La Unión Cívica Radical, conducida por Frondizi, mantuvo una línea de acercamiento al peronismo.
Con la exclusión del peronismo estaban de acuerdo la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas.
A esta impiadosa represión, el pueblo le opuso su decidida acción; a las marchas, movilizaciones y barricadas le agregó la huelga y la toma de establecimientos, el sabotaje y las bombas, los atentados y el enfrentamiento allí donde se dieran las circunstancias. En las calles y en las fábricas miles de trabajadores producían diariamente actos de rebeldía que ponía en jaque la acción del gobierno. Era la Resistencia Peronista que reproducía miles y miles de nuevos combatientes contra el proyecto antinacional.
De esta acción derivan dos hechos: la superación de los viejos dirigentes acostumbrados a la comodidad del poder y la necesidad de recuperar las organizaciones sindicales en manos de las diversas intervenciones o de dirigentes complacientes.
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